La Policía Nacional del Reino de España, detuvo durante el jueves 11 de diciembre al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli, como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La línea aérea desde hace poco tiempo vende pasajes a Buenos Aires.

Plus Ultra finaliza este año, en el que sumo a Buenos Aires como nuevo destino para volar en 2026, con malas noticias a nivel corporativo, dado que sus máximas autoridades han sido detenidas por la justicia española.

Según la información que ya circula por todo el mundo, la UDEF registró la sede de la aerolínea por orden judicial en una causa reabierta por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid y está registrando documentación por un presunto delito de blanqueo de capitales, según han informado a EFE fuentes de la investigación. (EFE)

La operación fue ejecutada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que también registró la sede de la empresa en busca de documentación, archivos digitales y dispositivos electrónicos.

Según informan a EFE fuentes de la investigación, los agentes han entrado en la sede de esta empresa en una actuación que se mantiene bajo secreto.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó anteriormente el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

La magistrada que actúa en la causa entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito y descartó que se cometieran malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas del partido de la oposición PP, el ultraderechista Vox y Manos Limpias, una asociación vinculada a la ultraderecha.

La compañía mantiene vínculos societarios con inversores en Venezuela, un aspecto que ha sido objeto de atención mediática y política desde la concesión de la ayuda estatal.

La aerolínea ha señalado que el registro no ha afectado a la actividad operativa y que sus vuelos continúan con normalidad. El juzgado prevé nuevas actuaciones en los próximos días para determinar si los movimientos financieros investigados constituyen un delito de blanqueo de capitales.