Según la resolución de la Justicia Nacional del Trabajo en el día de la fecha, como medida cautelar se ordena la reincorporación inmediata de los pilotos despedidos por Aerolíneas Argentinas en el contexto del conflicto colectivo entre APLA y dicha empresa.
Viene bien recordar que los tres despidos fueron realizados en el marco del conflicto laboral y salarial que la compañía tiene con el sindicato de pilotos-APLA- y otras entidades gremiales. La medida que adopto Aerolíneas Argentinas durante los primeros días del pasado mes de setiembre fue como modo de “respuesta” ante le legitima negativa por parte de los pilotos a volar un Embraer 190 –como parte de las acciones gremiales- en modo devolución, dado que dicha aeronave había sido desprogramada y debía ser devuelta al dueño.
Posteriormente a los despidos por aquellos días, el Director de Recursos humanos, Alejandro Morón realizo un viaje de placer volando en clase Bussines
La resolución de la Jueza Stella Maris Vulcano dispuso que la reincorporación de los profesionales debe ser cumplida en la misma función que desempeñaban previo al despido, y que no sólo se protege de este modo el carácter alimentario de los salarios de los trabajadores despedidos, sino también por la necesaria protección del derecho de libertad sindical tutelado por las leyes 23.551, 23.592, Convenios OIT 87 y 98, pues prima facie, estos despidos aparecen como una respuesta a la adhesión de los trabajadores a las medidas de acción directa dispuestas por la asociación gremial, lo que transgrede el derecho fundamental a la libertad sindical consagrado en nuestra Carta Magna a través del art. 14 bis y de los Convenios OIT 87 y 98 (art. 75 inc. 22, apartado primero, de la C.N.).
Por ultimo cabe señalar que el accionar de la Asociación de Pilotos de Lineas Aéreas -APLA- y de su Secretario General, Pablo Biró, se ajusta a derecho ya que la justicia hizo lugar a las dos cautelares presentadas por el sindicato y declaro inocente a Biró en las dos denuncias judiciales realizadas en su contra realizadas por el Ministerio de Seguridad y el fiscal Stornelli respectivamente.
