En el día de hoy la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) –Autoridad Aeronautica estadounidense- regresa a la Argentina, en el marco de las discusiones finales del Programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA), para analizar si el sistema aeronáutico nacional está en condiciones de mantener la Categoría 1, máxima calificación de seguridad operacional otorgada por este organismo.

Argentina tiene la Categoría 1 desde el año 2005, pero se encuentra en riesgo de descender a la Categoría 2 como producto de las malas gestiones de gobiernos anteriores en el manejo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y que lamentablemente hereda esta gestión.

En el año 2022, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) auditó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para evaluar el nivel de cumplimiento efectivo del Estado Argentino de las normas y procedimientos establecidos por ese organismo internacional, siendo los resultados poco favorables, ya que la ANAC alcanzó sólo un cumplimiento del 60.47%, cuando el promedio regional es mucho mayor.

En ese momento, dos de las áreas que OACI evaluó fueron las que arrojaron peores resultados: un 41.67% en “Organización de la Aviación Civil” y un 37,29% en “Operaciones”, esta última asociada al cumplimiento de estándares internacionales en relación al control, fiscalización y seguimiento de las operaciones de las aeronaves.

A partir de ese resultado, la Administración Federal de Aviación norteamericana (FAA) pidió también realizar una inspección, que la gestión anterior no quiso aceptar ni recibir, por lo que se llevó a cabo recién en abril de este año, identificando “82 hallazgos” a corregir, principalmente en lo referente a aeronavegabilidad, operaciones y licencias.

Ante la emergencia, el 12 de julio del corriente, el Gobierno Nacional tomó la decisión de intervenir la ANAC y designar a María Julia Cordero como interventora, con el objetivo de identificar estos problemas operativos y adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias históricas heredadas.

Desde ese momento, se inició un proceso de reorganización en la ANAC para la conformación de un equipo de trabajo exclusivamente enfocado a la resolución de los hallazgos señalados, mediante un plan de acciones correctivas, diseñado junto a la asesoría técnica de expertos de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, dándole al tema máxima prioridad.

El plan de trabajo incluyó una serie de acciones correctivas con plazos estipulados para cada uno de los elementos señalados por la autoridad aeronáutica estadounidense. Es así que se desarrollaron y actualizaron manuales de procedimientos y se coordinaron capacitaciones para los inspectores de aeronavegabilidad y operaciones en temas relativos a las certificaciones de los explotadores aéreos y a las aprobaciones específicas requeridas, entre otras acciones adoptadas.

Todas las medidas tomadas desde la intervención de la ANAC permitieron llegar en tiempo récord a un avance del 85% del plan de acciones correctivas establecido, encontrándose todas ellas en fase de implementación, respetando los tiempos de los procesos y con fechas estipuladas de finalización, que le serán presentadas a la delegación de la FAA que hoy está arribando a la Argentina.

En este marco, es importante aclarar que la Categoría 1 que posee Argentina es una clasificación que otorga la FAA a los países que tienen vuelos hacia Estados Unidos, y que permite que los operadores aéreos puedan brindar servicios directos al país norteamericano o asociarse al sistema de código compartido con compañías aéreas estadounidenses.

Por lo expuesto, más allá del trabajo contrarreloj realizado por la actual gestión para revertir esta situación producto de un mal manejo de años en la Administración Nacional de Aviación Civil, puede existir la posibilidad de una pérdida de categoría para el sistema aeronáutico nacional.

En ese sentido, la pérdida de categoría implicaría un daño reputacional para la aviación argentina, además que imposibilitaría la suma de destinos y frecuencias en vuelos hacia Estados Unidos. A su vez, no se podrían reemplazar los modelos de aeronaves con los que se vuela a ese territorio, ni establecer nuevos acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses, lo que impactaría directamente en la capacidad de colaboración entre compañías argentinas y norteamericanas.

Además, las líneas aéreas argentinas estarían sujetas a un mayor escrutinio y controles adicionales por parte de las autoridades norteamericanas, lo que podría aumentar los costos operativos y retrasos en las operaciones.

De esta manera, las consecuencias de la pésima administración del organismo en gestiones pasadas impactarían negativamente en la reputación internacional de la aviación civil argentina, a pesar de las políticas de apertura aerocomercial que se vienen implementando con éxito desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, en busca de mayores libertades y desarrollo del sector aéreo.

No obstante, la actual administración de la ANAC continuará trabajando con celeridad y profesionalismo para regularizar la mala herencia recibida y fortalecer la seguridad operacional del sistema aeronáutico argentino.