Este fin de semana, los controladores aéreos franceses, agrupados en el sindicato UNSA-ICNA, realizaron una huelga en el aeropuerto de Marsella. Reclaman, entre otras cosas, la falta de personal. Las compañías, por otro lado, exigen la mediación del Gobierno para ponerle fin al conflicto. En abril, las aerolíneas europeas acumularon 45.000 minutos de demoras, un 200 por ciento más que en el mismo período del 2017. Como resultado del último paro, centenares de vuelos se vieron afectados, en particular en España.

“Marsella es una zona de control muy importante, ya que es colateral a España”, explicó Susana Romero, controladora aérea y portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) , y agregó: “Siempre que la huelga es en Francia nos afecta directamente. Aviones que van con destino a España, incluso a otros países de América o África en algún momento son controlados por el control aéreo francés”.

Por su parte, las compañías aéreas demandaron en Bruselas que el Poder Ejecutivo, ahora encabezado por Pedro Sánchez, intervenga en el conflicto. El objetivo es lograr que se sancione una regulación europea sobre servicios mínimos para sectores estratégicos. Las aerolíneas buscan que se adopte una normativa garantista de servicios mínimos para que un vuelo que cubra la ruta Barcelona-Roma, por ejemplo, no se vea afectado por las medidas gremiales de los controladores franceses.  “Sabemos que es muy difícil que en la Unión Europea se regule en este sentido porque cada país es soberano en política laboral, pero el problema es grave para las empresas, los ciudadanos y las economías europeas”.

El próximo 20 de junio, Willie Walsh, consejero delegado del grupo IAG, y Michael O’Leary, de Ryanair, comparecerán ante la prensa para denunciar que los reclamos de los controladores suponen una amenaza mayor para las aerolíneas europeas que el incremento en los precios del petróleo. Los gigantes de la aviación ven imprescindible la obligatoriedad de preavisos de huelga con un mínimo de 21 días de antelación.